Introducción

La Medicina Legal y Forense (MLF) se ha desarrollado en Centroamérica y Panamá de acuerdo con las circunstancias históricas y criterios legales específicos de cada país. Las diferencias surgen principalmente del marco jurídico en el que se realiza la práctica pericial médica; de las consideraciones sociales y políticas relativas al enfoque de las investigaciones forenses; de la organización institucional de la especialidad, así como también de los modelos de formación profesional especializada existentes en la región.

En algunos países, la MLF evolucionó desde la perspectiva anglosajona de las Ciencias Forenses con énfasis en la aplicación a la resolución de casos civiles y penales, siendo practicada por médicos con distintos niveles de formación específica en el campo forense. En este modelo, los conocimientos y destrezas se aplican específicamente para apoyar las investigaciones judiciales en personas vivas o en cadáveres (medicina pericial). En cambio, en otros países, lo que actualmente denominamos como MLF, ha estado vinculada desde sus inicios a la Medicina Legal tradicional, enciclopédica y compleja, practicada por médicos legistas con una formación académica que abarca otras áreas periciales relacionadas o afines a las tareas médicas; por ejemplo, el derecho médico.

Pese a las limitaciones y circunstancias desfavorables para el desarrollo institucional existentes en casi todos los países del área, los médicos y expertos forenses desempeñan en la actualidad un papel cada vez más relevante en los sistemas de administración de la justicia, aportando pruebas científicas obtenidas del estudio de personas vivas (Clínica Médico Legal, Psiquiatría Forense) y de cadáveres, contribuyendo al diagnóstico de la causa y manera de la muerte (Patología Forense).

Muchos médicos forenses que desempeñan su trabajo en los centros en los que se practican diariamente las evaluaciones (Institutos, Departamentos, Direcciones de Medicina Legal), han adquirido una experiencia única e inestimable a la hora de aplicar sus conocimientos en la práctica de sus experticias; experiencia que lamentablemente no se plasma en escritos y publicaciones científicas a nivel nacional o regional. Por otra parte, en la mayoría de los países, la necesaria vinculación de estos centros con las universidades estatales o privadas, ha facilitado que la práctica, la docencia y la incipiente investigación aumenten de manera continua.

Práctica institucional

En El Salvador, el Instituto de Medicina Legal fundado en 1990 está adscrito a la Corte Suprema de Justicia del Órgano Judicial y cubre las cuatro regiones en las que se divide el país. La sede principal, situada en la capital (San Salvador), brinda servicios de Clínica Médico Legal, Patología Forense, Psiquiatría, Psicología, Estudio Socio-Familiar y Odontología. Cuenta con laboratorios de Toxicología, Genética Forense e Investigaciones Criminalísticas¹.

En Guatemala, a finales del siglo pasado existió un Servicio Médico Forense y desde julio del año 2007 el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), ente autónomo, regido por un Consejo Directivo. Ofrece servicios, en la región central y en las seis áreas del país. En la sede principal (Ciudad de Guatemala) cuenta con áreas de Medicina Forense: Clínica, Psiquiatría y Psicología; Odontología y Antropología Forense; Laboratorios de Criminalística: Documentoscopía, Balística, Toxicología, Dactiloscopía, Biología, identificación de vehículos, Fisicoquímica; Sustancias Controladas y Genética².

En Honduras, en 1975 se creó el Departamento Médico Legal dependiente de la Corte Suprema de Justicia que, a partir de 1995, pasó al Ministerio Público como Dirección de Medicina Forense. Brinda servicios, especialmente en la capital Tegucigalpa, de Clínica, Evaluación Mental, Psiquiatría, Psicología, Odontología, Patología, Levantamiento de cadáveres, Laboratorios de Genética y Toxicología³.

En Nicaragua, el Instituto de Medicina Legal fundado en 1999 está adscrito al Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia. La cobertura de servicios se da en 23 delegaciones ubicadas en las cabeceras departamentales y se complementa con un Sistema Nacional Forense conformado por médicos del Ministerio de Salud y personal Ad Honorem. Ofrece servicios, principalmente en la capital del país, Managua, de Clínica, Psiquiatría, Psicología, Odontología, Laboratorio de Ciencias Forenses, Patología, Antropología, Radiología, Serología, Toxicología, Genética y Sustancias controladas⁴.

En Panamá, conocido desde 1984 como Instituto de Medicina Legal y desde el año 2006 como Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, está adscrito al Ministerio Público. Cuenta con agencias en las nueve provincias en las que se divide el país y ofrece servicios de Medicina Forense (Clínica, Patología, Salud Mental Forense) y Criminalística (Criminalística de Campo, Balística, Documentología, Explosivos e Incendios, Informática Forense, Fotografía Forense, Sustancias controladas, Investigación de Accidentes de Tránsito, Sistemas de Identificación de Personas) y Laboratorios Forenses (Toxicología, Serología, Genética), principalmente en la sede principal (Ciudad de Panamá)^5,6.

En Costa Rica, el Departamento de Medicina Legal, el más antiguo y prestigioso de la región, creado en 1974, está adscrito al Poder Judicial. La Sede Central cuenta con las secciones de Clínica Médico Forense, Patología Forense, Psiquiatría y Psicología Forense; además cuenta con una sección de Medicina del Trabajo y un Consejo Médico Forense. En las distintas regiones del país, el servicio se brinda en las Unidades Médico-Legales⁷.

Enseñanza

En todos los países de la región, ya desde el siglo pasado, se han elaborado programas de estudio de Medicina Legal en las facultades de Medicina y Derecho. Por ejemplo, en el Salvador existe un programa de la materia en la Facultad de Medicina desde 1850; en Guatemala la primera cátedra de Medicina Legal se estableció en 1869⁸. En Costa Rica se empezaron a dictar clases de Medicina Legal en la Facultad de Derecho en 1929 y en la Facultad de Medicina en 1964⁷. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá se estableció una Cátedra de Medicina Legal en el año 1958⁶.

A nivel institucional, la formación médica específica en MLF (diplomados, cursos y jornadas de actualización) se ha realizado mediante la aplicación de convenios de fortalecimiento institucional, tal es el caso del apoyo brindado a Guatemala y Honduras por el Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia. Anualmente se realizan encuentros académicos en todos los países de la región siendo las más antiguas (desde 1986) las Jornadas Costarricenses de Medicina Legal⁹.

El centro regional de referencia en materia de formación médico forense es el Departamento de Medicina Legal de Costa Rica, que desde el año 1971 organiza un posgrado de la especialidad en la Universidad de Costa Rica. El Departamento ofrece una especialidad de Medicina Legal, de acuerdo con el sistema de residencia médica de tres años de duración¹⁰.

En el año 2006, la Universidad de Panamá junto con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses comenzó un programa de Maestría en Medicina Forense para médicos. La primera promoción se graduó en el año 2011 y durante el presente año 2012 está previsto que se gradúe la segunda promoción. También en Guatemala, el programa de Maestría en Medicina Forense, que adelanta el INACIF con la Universidad Mariano Gálvez, celebró en mayo de este año su segunda promoción.

Investigación

La cantidad de proyectos de investigación conocidos en Medicina Legal y Forense es mínima, situación que se atribuye a la carencia de recursos económicos y humanos cualificados. Las pocas investigaciones que se adelantan se realizan sobre temas generales con aplicación posterior a cuestiones de índole médico legal. En todos los países, las becas y ayudas estatales para la investigación no incluyen a la MLF como área específica. Con estos antecedentes, cabe imaginarse que el desarrollo de proyectos de investigación en esta área es realmente difícil.

Por otra parte, y pese a las limitaciones, el interés académico de las nuevas generaciones de médicos forenses de la región, se ve reflejado en el número de trabajos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales de la especialidad (Medicina Legal de Costa Rica, Cuadernos de Medicina Forense de España).

Comentarios

Aunque el interés por la MLF en Centro América y Panamá comienza a finales del siglo XIX, por las influencias del desarrollo de la especialidad en Europa (España, Francia, Alemania, Inglaterra) y Norteamérica (Estados Unidos, México), durante muchos años la práctica pericial médica fue empírica, colateral a las funciones de médicos generales o de otras especialidades y las experticias eran aceptadas e incorporadas a los distintos procesos judiciales.

El bajo interés de las autoridades políticas, judiciales y de los mismos médicos, hizo que la especialidad no fuera reconocida como tal hasta avanzado el siglo XX, con excepción de Costa Rica.

Los Institutos o Departamentos de esta región comparten similares problemas estructurales y financieros, consecuencia del escaso interés de las autoridades políticas y judiciales en el desarrollo de los servicios periciales forenses.

Salvo Guatemala, con un Instituto completamente autónomo y con apoyo internacional, en la mayoría de los países hay una dependencia administrativa y financiera de las autoridades gubernamentales, subordinación de funestas consecuencias para el desarrollo de la práctica institucional forense.

A diferencia de lo que ocurre en Europa y Norte América, la práctica de la MLF en nuestra región se caracteriza por la creciente demanda de servicios periciales debido a los altos niveles de violencia de algunos países (El Salvador, Honduras, Guatemala) que afecta principalmente a grupos marginales de la sociedad (maras, pandillas, bandas de narcotraficantes, etc.), incluyendo formas extremas de brutalidad como decapitaciones, descuartizamientos, tortura física y psicológica, etc., que han llegado a constituirse en verdaderos problemas de salud pública para esos países. De hecho, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia es una de las principales causas de muerte entre la población joven adulta en la región^11,12. Así mismo, es importante recordar que esta región fue una zona de conflictos armados con numerosos casos de masivas violaciones de derechos humanos, condición que persiste bajo otras circunstancias en algunos países.

Es importante considerar que Centroamérica también es una región frecuentemente golpeada por desastres naturales; en los últimos 40 años ocurrieron 2.555 acontecimientos relacionados a desastres, que causaron 512.481 muertos y más de 232 millones de afectados¹³.

Pese a la gravedad y urgencia de la situación, los Institutos o Departamentos Forenses no cuentan con los recursos necesarios para afrontarlos y en la mayoría de los países las solicitudes de las autoridades sobrepasan las capacidades de respuesta de los servicios forenses.

Los indicadores estadísticos, como la cantidad de homicidios por 100.000 habitantes (la mayoría cometidos con armas de fuego), indican la magnitud del problema: Honduras 77,5; El Salvador 64,8; Guatemala 41,5; Belice 38,8; Panamá 21,7; Nicaragua 13,2; Costa Rica 10,612, reflejan los principales problemas de la región: la inseguridad, la delincuencia y las manifestaciones del crimen transnacional organizado. La cantidad de sobrevivientes lesionados por diferentes formas de trauma atiborran las secciones de Clínica Médico-Legal de los Departamentos o Institutos de la Región. Solamente en las vacaciones de Semana Santa del año 2012 se registraron 275 muertos y 1.800 lesionados¹⁴.

En algunos países, la falta de registros estadísticos confiables impide una evaluación objetiva de problemas como: abuso sexual de personas menores de edad, violencia de género y doméstica, entre otras.

En casi todas las instituciones hay carencia de recursos financieros, falta de infraestructuras (instalaciones adecuadas), equipos, material y personal calificado. La principal queja de los funcionarios de las dependencias es el exceso de trabajo en condiciones de riesgo a la seguridad personal (El Salvador, Honduras, Guatemala), con bajos salarios y carencia de equipos básicos de trabajo y protección.

En cuanto a la oferta de servicios periciales, los modelos institucionales de Panamá y Guatemala son los que más se adaptan a las tendencias de desarrollo internacional en materia forense, ya que la situación ideal es aquella en la cual todos los servicios periciales forenses (Medicina legal y Criminalística) queden integrados en una sola entidad oficial autónoma.

Perspectivas de futuro

Parece evidente que el desarrollo institucional de la Medicina Legal y Forense en la región depende del reconocimiento de los gobernantes de la importancia y trascendencia de los servicios periciales científicos. Igualmente, el progreso de los Departamentos e Institutos está supeditado a la consolidación de la especialización universitaria y en la acreditación de profesionales y laboratorios forenses.

Con el propósito de velar por el avance de la MLF en Centroamérica y Panamá, se debería crear una Sociedad de Medicina Legal y Forense de Centroamérica y Panamá. Sin duda, esta Sociedad científica tendría que jugar un papel principal en la evolución de la MLF en la región. Entre otros, actuar como núcleo de encuentro y foro de discusión de los profesionales de la especialidad y elaborar recomendaciones para la unificación de criterios diagnósticos y de programas de formación médico forense, incluyendo el necesario desarrollo de una certificación regional.

El desarrollo de la especialidad en los Institutos o Departamentos de Medicina Legal y Forense debería facilitar una actuación protocolizada, con criterios de estudio más objetivos y homogéneos, evitando los actuales criterios puramente discrecionales por parte del médico forense a cargo del caso.

Así mismo, se hace necesario disponer de un sistema regional de estadísticas confiables que permita conocer la cantidad y naturaleza de los casos investigados anualmente por los Institutos o Departamentos de servicios periciales.

A pesar de las dificultades y limitaciones, la MLF es una especialidad en crecimiento en Centroamérica y Panamá, con una casuística fascinante y única desde el punto de vista forense, como se evidencia en el incremento en el número de médicos interesados en los programas de residencia; en la creciente demanda de médicos, abogados y otros profesionales, de cursos, seminarios y publicaciones en materia de MLF. Reflejo de este interés creciente y también del grado de madurez alcanzado por la disciplina, es la celebración de numerosas actividades académicas y la fundación de Asociaciones de Especialistas en Medicina Legal y Forense.

Es evidente que la MLF en nuestros países tiene carencias y limitaciones; sin embargo, es de esperar que el apoyo estatal y el desarrollo de un modelo organizativo completo de la actividad pericial médica, incidan positivamente en el progreso de los Institutos o Departamentos de la región. Igualmente, una mayor vinculación interinstitucional con las Universidades fortalecerá las áreas de formación profesional e investigación, facilitando el desarrollo de la especialidad. En este proceso deberán jugar un papel protagonista y complementario las Asociaciones de Especialistas en Medicina Legal y Forense.

Agradecimiento

Al Dr. Joaquín Lucena por sus valiosas observaciones y comentarios.

Bibliografía

1. Sitio web de la Corte Suprema de Justicia. República de El Salvador, http://www.csj.gob.sv_IML-IMLG2(acceso 28/5/12).
2. Sitio web del INACIF, Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala. Procuraduría General de la República. http://www.inacif.gob.gt(acceso el 28/5/12).
3. Sitio web del Ministerio Público de Honduras. http://www.ministeriopublico.gov.ho(acceso 28/5/12).
4. Sitio web del Poder Judicial. República de Nicaragua. http://www.poderjudicial.gob.ni(acceso el 28/5/12).
5. Sitio web del Ministerio Público. Procuraduría General de la Nación. República de Panamá. http://www.ministeriopublico.gob.pa(acceso el 28/5/12).
6. Pachar Lucio JV. Medicina Legal y Forense. Ed. Articsa, Panamá, 2011.
7. Vargas Alvarado E. Medicina Legal. Ed. Trillas, México, 2000.
8. Carrillo A. Lecciones de Medicina Forense y Toxicología. Guatemala. Ed Universitaria, Universidad San Carlos de Guatemala; 1981.
9. Roldan Retana JM, Solano Calderon L. Med Leg Costa Rica 2001;18(1):5-10. Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152001000200003&lng =es&nrm=iso&tlng=es. (Consultado el 25 de Marzo de 2012).
10. Aguilar Pérez J. Reseña histórica de las jornadas costarricenses de medicina legal. Med Leg Costa Rica 2001;18(2):5-9. Disponible en: http://www.scielo. sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152001000300003 &lng =es&nrm=iso&tlng = es. (Consultado el 25 de Marzo de 2012).
11. World Report on Violence and Health (WHO): Summary. 2002. Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_eng.pdf. (Consultado el 1 de Abril de 2012).
12. Observatorio Centroamericano sobre violencia. Consejo nacional de Seguridad Pública (CNSP). El Salvador, Marzo 2010.
13. http://www.prensa.com/. Panamá, 9 de abril de 2012.
14. http://www.prensa.com/. Panamá, 14 de abril de 2012.

Dirección para correspondencia:
José Vicente Pachar Lucio
MPhil Forensic Pathology
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá
E-mail: jvpachar@gmail.com