No es posible analizar la situación de la investigación en Medicina Legal y Forense en España, sin contextualizarla en el panorama general de la investigación. Hablar de investigación en nuestro país supone deslizarnos en un terreno muy irregular donde en función de la rama de la ciencia y de la existencia de programas específicos podemos asistir a realidades totalmente dispares. Bastaría comparar las cifras disponibles en las distintas convocatorias de investigación para percibir las diferencias con claridad.

A pesar de la insuficiencia relativa de la inversión en investigación en nuestro país, la producción científica se ha mantenido en niveles de calidad y cantidad relativamente aceptables si nos comparamos con otras naciones de nuestro entorno próximo. Sin embargo, la situación actual no resulta nada esperanzadora. En el informe de la Confederación de Sociedades Científicos de España (COSCE) de 2013, publicado en septiembre, mientras que los países líderes de la UE (Alemania, Francia…) invierten más en I+D, nuestro país sigue la tendencia contraria con disminuciones continuas, (recortada en un 4,2% en 2010, un 7,38% en 2011 y un 8,65% en 2012), de otra parte si analizamos los datos del INE en el informe publicado en noviembre del 2013 el gasto en I+D en el 2012 ha vuelto a caer situándose en el 1,3% del PIB, mientras que en la Unión Europea el gasto medio en porcentaje de I+D supera el 2% con el objetivo de alcanzar el 3%. En la Ley de la Ciencia de 2011 estaba prevista la creación de una Agencia Estatal de Investigación, esperemos que se cree y que cumpla con las funciones y objetivos que la ley le encomienda. La crisis económica se afronta con inteligencia y sentido práctico y los resultados han demostrado una y otra vez, hasta la saciedad, la rentabilidad de las inversiones en investigación. Me adhiero con entusiasmo a lo manifestado por el Prof. Lozano Teruel¹: «Solo apostando decididamente por la sociedad del conocimiento, por la ciencia y la tecnología, se incrementa significativamente la velocidad de desarrollo de un país».

En diciembre del 2013 se estableció un acuerdo parlamentario promovido por la COSCE (Madrid 19 de diciembre del 2013)² por la investigación, el desarrollo y la innovación que recoge lo siguiente:

• Planificación plurianual que permita la recuperación, en los tres próximos ejercicios presupuestarios de los niveles de financiación pública de 2009 en I+D+i civil en los capítulos 1 a 7, garantizando una financiación sostenida que represente un porcentaje de los ingresos del Estado similar a la media europea.
• Eliminación de los actuales límites de la tasa de reposición de empleo público en el sector de I+D, permitiendo la incorporación de nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema de I+D+i y a su convergencia con Europa en el número de personal de investigación por habitante.
• Regularización de todas las actuaciones anuales previstas en los correspondientes Planes Estatales de Investigación tanto en lo relativo a los plazos de sus convocatorias como de su resolución de las mismas en un marco de compromiso plurianual.
• Creación de la Agencia Estatal de Investigación prevista en la Ley de la Ciencia de 2011, que mediante el contrato programa y los presupuestos plurianuales correspondientes desarrolle la gestión de los Planes Estatales de Investigación con criterios estrictamente científicos y la autonomía necesaria para ello, sometida al consiguiente control parlamentario.

Si sobre el panorama general de la investigación en nuestro país aparecen negros nubarrones, la situación en el terreno concreto de la Medicina Legal y Forense nos convoca más al lamento desgarrado que a la esperanza. Volvemos a encontrarnos una manifestación más de la crisis que vive nuestra disciplina y en cuyas raíces está la disociación entre práctica, docencia e investigación, que mientras no corrijamos la causa de esta patología seguiremos sufriendo sus consecuencias.

Una simple mirada a las convocatorias nacionales de proyectos nos permite verificar la ausencia de convocatorias específicas para las ciencias forenses en general y para la patología y clínica forense en particular. Esto puede interpretarse como un síntoma más del desconocimiento de algunas materias, que plantea una serie de consecuencias absolutamente demoledoras. Si no se invierte en la promoción de la investigación las consecuencias son dolorosamente conocidas. No solo se trata de perder el tren de la innovación, se trata de convertirnos en meros usuarios de metodologías diseñadas por otros, que responden a objetivos no siempre comunes. Disociar la investigación del mal llamado trabajo de rutina supone un empobrecimiento progresivo de este último y la pérdida de la capacidad crítica sobre nuestro quehacer cotidiano.

Si analizamos campos concretos como pueden ser la clínica y la entomología forenses y sumamos los fondos obtenidos en convocatorias públicas de investigación, encontraremos diferencias abismales al compararlos con toxicología o con genética forenses. El argumentar la inexistencia de grupos competitivos no explica totalmente la situación. La entomología forense en nuestro país es un claro ejemplo, donde podemos ver las dificultades objetivas de una disciplina para desarrollarse con normalidad, Arnaldos et al.^3,4, Luna A, et al⁵. La importancia cotidiana de la clínica forense, tanto en número de actuaciones periciales como en los problemas a resolver choca con su escasa presencia en publicaciones en revistas con índice de impacto de autores de nuestro país, Valles-Valenzuela J, et al⁶.

De otra parte, la cultura de la investigación requiere de una promoción y de incentivos, que a medio plazo resultan muy rentables para el trabajo cotidiano, y hay que integrarla en la situación global de la Especialidad de Medicina Legal y Forense en nuestro país. No es el momento de reiterar el análisis de una realidad conocida por todos y remito a los que tengan más curiosidad al análisis que sobre esta situación realizamos no hace demasiado tiempo y cuyos planteamientos siguen siendo vigentes, Luna A y Pérez Cárceles MD⁷. Es imprescindible la reactivación de las comisiones de docencia en los Institutos y la colaboración con la Universidad para relanzar una actividad investigadora que puede y debe incrementarse en beneficio de todos, pero sobre todo de la práctica diaria.

El efecto San Mateo en la ciencia consiste, recordando la frase del evangelio de este autor: «…a quien más tiene más se le dará, y al que tiene poco, aun lo poco que tiene se le quitará…» en el incremento de los recursos de los grupos altamente competitivos en relación con aquellos que no lo son. Su impacto es negativo en la configuración de un tejido investigador fuerte y amplio. En un trabajo que realizamos sobre la producción científica en las ciencias forenses queda muy claro este efecto en nuestro país, Valles-Valenzuela J, et al⁶. Su corrección no es difícil y pasa por el esfuerzo y la colaboración entre todos, y por la convicción de que una investigación de calidad es el resultado de un trabajo en equipo. No nos engañemos, el desarrollo de una disciplina debe ser lo más armónico posible, las hipertrofias si bien parecen rentables para el órgano hipertrofiado, a la larga generan una debilitación general del organismo sobre el que se encuentran y generan una patología. Lamentablemente esta situación la padecen en mayor o menor grado otros países como Reino Unido y Francia, si bien con menor intensidad que nosotros.

Tenemos que hacernos oír ante los responsables políticos, para que nos escuchen y nos entiendan, no quiero olvidar la frase de Lorenz: «Decir una cosa no significa que se escuche, escuchar una cosa no significa que se entienda, y entender un cosa no significa que se haga». La persuasión se basa entre otras muchas premisas en la constancia y, esta última, junto a la racionalidad de las propuestas, deben ser nuestras armas. Es un trabajo de todos y para todos, y debemos jugar en todos los tableros posibles, con los responsables autonómicos, nacionales, etc., planificando una estrategia de objetivos comunes, donde los intereses particulares pasen a un segundo plano, solo si se siembra y se trabaja podremos recoger la cosecha en forma de resultados positivos.

La investigación requiere invertir en ella, para obtener resultados; y nada hay más rentable que las inversiones en investigación. La ausencia del Ministerio de Justicia de las convocatorias de I+D, el desconocimiento del Instituto Carlos III de la realidad científica de las investigaciones en nuestra materia y el desconocimiento de nuestra especialidad por parte del Ministerio de Sanidad, configuran una mezcla letal que explica parte de nuestra realidad cotidiana, y resulta necesario que hagamos todo lo posible por transformarla, esa es nuestra obligación y nuestro desafío.

Bibliografía

1. Lozano Teruel JA. ¿Son compatibles Ciencia y Política? Murcia: Edit ADC, 2013. Pp. 23.
2. Ic. Informativo COSCE N.^o6 – Diciembre de 2013.
3. Arnaldos MI, Luna A, Presa JJ, Lopez Gallego E, García García MD. Entomología forense en España: hacia una buena práctica profesional. Ciencia forense 2006;8:17-37.
4. Arnaldos MI, Prado C, Castro E, Presa JJ, Luna A, López Gallego E, García García MD. Importancia de los estudios regionales de la fauna sarcosaprofaga. Aplicación de la práctica forense. Ciencia forense 2006;8:63-81.
5. Luna A, García García MD. La enseñanza de la entomología forense. La realidad española. Ciencia forense 2006;8:11-6.
6. Valles-Valenzuela J, Pérez Cárceles MD, Osuna E, Luna A. Quantitative analysis of Spanish university scientific output in the area of legal and forensic medicine: international exposure. Sciencemetrics 2008;1-13.
7. Luna A, Pérez Cárceles MD. Forensic medicine in Spain. En: Forensic Medicine in Europe. Edit. Schmidt Römhild Lubeck, 2008.

Dirección para correspondencia:
Aurelio Luna
E-mail: aurluna@um.es