Desde hace ya demasiado tiempo, tanto mis compañeros -hasta los más optimistas- como yo venimos quejándonos de una más que pesada sobrecarga de trabajo. Me consta que esta situación no nos afecta únicamente a los médicos forenses, sino también a los facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que, como nosotros, en los últimos años están viviendo un incremento exponencial del número de asuntos a resolver sin que esto se traduzca en el esperable y proporcional aumento de los recursos humanos y materiales.

Muchos de los que nos dedicamos a la Medicina Legal lo hacemos por pura vocación. Otros compañeros llegaron aquí desde diferentes especialidades médicas y se han quedado tras apasionarse por este trabajo. Todos intentamos fervientemente que nuestras investigaciones sean completas, minuciosas y de calidad. Sin embargo, las condiciones en que actualmente tenemos que llevarlas a cabo nos obligan a resolver las pericias con retraso, de forma acelerada en muchas ocasiones y sin prestarles toda la atención que requieren. En este contexto resultan obvias las dificultades para atender a otras de nuestras obligaciones como son la investigación, las publicaciones o la docencia, para las que sacar tiempo quiere un esfuerzo extraordinario.

Y, a pesar de todo, a diario realizamos nuestro trabajo con plena dedicación y una calidad reconocida a nivel internacional. Debemos felicitarnos por ello.

Aun así, esta situación profesional es insostenible y sería deseable que desde la Administración Pública se nos garantizasen los medios necesarios para desarrollar plena y dignamente la profesión que amamos. Ojalá. Algún día.

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