Introducción:

– ABUSO SEXUAL INFANTIL.

El abuso sexual infantil no es un problema reciente, si bien actualmente se observa una mayor sensibilización social al respecto. En mayor o menor medida, los malos tratos a la infancia son una constante histórica, que se produce en todas las culturas y sociedades y en cualquier estrato social [1]. No nos encontramos ante hechos aislados, esporádicos o lejanos, sino ante un problema universal y complejo, resultante de una interacción de factores individuales, familiares, sociales y culturales [2] que puede, incluso, llegar a desembocar en la muerte del niño.

Se trata, no obstante, de una de las tipologías de maltrato más tardíamente estudiada. La investigación sobre maltrato infantil se inició focalizándose casi exclusivamente en el análisis de los malos tratos de tipo físico [3]. Sin embargo, cuando se abusa sexualmente de un niño no sólo hay un daño físico, sino que generalmente existe también una secuela psicológica.

Las consecuencias psicológicas que suelen acompañar a la vivencia del abuso sexual infantil son frecuentes y diversas, tanto aquellas que se producen en la infancia como las que, en muchas ocasiones, perduran hasta la edad adulta [2].

El abuso sexual infantil puede considerarse una situación extrema que, tal como exponen Lazarus y Folkman [4], suele resultar en un elevado nivel de estrés y malestar en la gran mayoría de individuos.

Los estudios constatan consecuencias que afectan a todas las áreas de la vida de la víctima, y que impiden hablar de un síndrome del abuso sexual infantil [5, 6, 7]. Los trabajos publicados al respecto demuestran la no existencia de un patrón de síntomas único, así como la existencia de una extensa variedad de síntomas en estas víctimas, e incluso la ausencia total de síntomas que presentan algunas de ellas, impidiendo establecer un síndrome que defina y englobe los problemas emocionales, cognitivos y sociales que se relacionan con la experiencia de abuso sexual [8].

Como afirma López [9] en su estudio, únicamente un 20 o 30% de las víctimas de abuso sexual infantil permanecerían estables emocionalmente tras esta experiencia. Son diversos los autores que constatan la existencia de víctimas asintomáticas, sin embargo, estas víctimas podrían llegar a presentar problemas posteriormente, configurando los llamados efectos latentes del abuso sexual infantil [8].

Sin embargo, debido a la ausencia, en numerosas ocasiones, de un daño físico visible, así como a la no existencia de un conjunto de síntomas psicológicos que permitan su detección y diagnóstico unívoco, el abuso sexual infantil ha sido una tipología difícil de estudiar. Por otro lado, se añaden las dificultades relacionadas con el tabú del sexo y, en especial, al relacionar éste con infancia, así como el escándalo social que implica su reconocimiento [10]

El descubrimiento del abuso sexual infantil como maltrato frecuente y con importantes y perdurables efectos psicológicos, tanto a corto como a largo plazo, ha dado lugar en la última década a un notable crecimiento de los estudios sobre este tema tanto a nivel nacional como internacional. Los estudios de prevalencia realizados en España hablan de cifras que se sitúan entre un 15,2% de los varones y un 22,6% de las mujeres en población general [9] y entre un 15,5% de los varones y un 19% de las mujeres en estudiantes universitarios [11]. Hablamos, por tanto, de un problema más extendido en nuestra sociedad de lo previamente considerado.

Si bien en países como Estados Unidos el estudio de este tema se inició hace ya algunos años [12], en nuestro contexto, el aislamiento sociopolítico y el escaso desarrollo de los sistemas de protección social durante el período de la dictadura, han producido un retraso en el estudio de este tema y, sobre todo, en el conocimiento y la sensibilización social al respecto [3]. No obstante, durante las últimas décadas se ha producido un creciente interés tanto a nivel profesional como en los medios de comunicación, provocando un mayor conocimiento del problema y una mayor sensibilidad social al respecto [2].

– SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL.

El denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP) fue descrito por primera vez como tal por Richard Gardner en 1985 [13], sin embargo, otros autores habían recogido con anterioridad el concepto bajo otras denominaciones más o menos afines como «Síndrome de Medea» [14], «Síndrome de la Madre maliciosa» [15] o «Programación Parental en el Divorcio» [16], entre otros. En síntesis, la problemática se caracterizaría por la presencia en niños, niñas y adolescentes de emociones, actitudes y comportamientos de rechazo hacia uno de los progenitores y/o su familia extensa cuyo origen, básicamente, surge de un proceso de mediatización por parte del otro progenitor. En consecuencia, el proceso de alienación parental genera una interferencia significativa en la calidad de la relación del menor con sus progenitores y, por tanto, contribuye a su posible inadaptación [17].

El SAP es entendido por los profesionales como una problemática grave situada en el extremo más lesivo para los menores de las llamadas interferencias parentales [18, 19, 20]. De hecho, esta problemática tiende a ser conceptualizada tanto por los psicólogos forenses, como por otros profesionales que trabajan en el ámbito de familia, como una forma de maltrato hacia los niños y niñas [21, 22, 23, 24]. Asimismo, tal y como indica Rivicky [25], la literatura científica disponible sobre esta problemática advierte claramente del riesgo de graves consecuencias para el correcto desarrollo de los menores que se ven atrapados en estas dinámicas familiares disfuncionales.

Aunque se disponen de escasos datos, los estudios disponibles con población catalana, indican una prevalencia del 10% de casos atendidos en los equipos técnicos judiciales [26], lo que supone un importante grupo de menores que no puede ser obviado.

La información disponible sobre las consecuencias que puede sufrir el menor victima de SAP es aún limitada, si bien entre las descritas por los diferentes autores [19, 27, 28, 29, 30, 31] se encuentran los trastornos de ansiedad, las disfunciones en el sueño y la alimentación, los trastornos de conducta, los sentimientos de desamparo y rechazo, el aprendizaje vicario de estrategias de manipulación en la resolución de conflictos, o la afectación del desarrollo del autoconcepto y la autoestima, que son apreciables a corto y medio plazo; así como un déficit de autoestima juntamente con sentimientos de auto desprecio, depresión y abuso de sustancias, entre los efectos descritos a largo plazo.

Planteamiento del problema:

Se ha constatado que el abuso sexual infantil es, en la mayoría de los casos, una experiencia traumática, que interfiere en el adecuado desarrollo de la víctima que lo sufre y repercute negativamente en su estado físico y psicológico [2]. Sin embargo, existe aún un gran desconocimiento profesional al respecto que, en ocasiones, puede llegar a suponer una negación del problema y la justificación de la sintomatología que presenta el menor como un caso de síndrome de alienación parental, especialmente si estos síntomas aparecen en una situación de divorcio. El tardío reconocimiento del abuso sexual infantil como problema, así como la ocultación de este tipo de situaciones y la falta de información sobre el tema, han provocado la existencia de múltiples falsas creencias o creencias erróneas respecto a la experiencia de abuso sexual en la infancia [2], entre las que destaca el vínculo entre situación de divorcio y falsa denuncia de abuso sexual.

A este respecto, Faller [32] y Wakefield y Anderwager [33] observan que en los casos de abuso sexual infantil en un contexto de separación o divorcio se dan diferentes situaciones a valorar: (a) es posible que el descubrimiento del abuso sexual sea precisamente la causa del divorcio y del conflicto interparental; (b) es posible que haya habido un abuso crónico que sólo ha emergido en el contexto del divorcio. Por ejemplo, porque hasta entonces el menor abusado no ha querido descubrir el abuso por miedo a que se disolviera la familia, o porque con el divorcio se ve libre de la amenaza del abusador de causarle daño si habla, o porque puede temer quedarse a solas con el progenitor abusador durante las visitas; (c) finalmente, puede que la disolución de la pareja haya precipitado el abuso. Por ejemplo, un progenitor emocionalmente dañado por la separación puede buscar apoyo emocional en el menor, y su interacción puede adquirir progresivamente una naturaleza sexualizada; o puede que un progenitor resentido abuse del menor como venganza contra su ex-pareja, o que el estrés del divorcio produzca una conducta más impulsiva en el adulto abusador.

En un trabajo posterior, Faller [34], tras realizar un estudio sobre las posibles falsas denuncias en casos de maltrato infantil detectadas por trabajadores de servicios sociales, establece que la falsa denuncia intencional se sitúa en un 6% de todos los casos de abuso sexual. Ninguno de estos casos fue intencionado por parte del menor, si no que las falsas denuncias provenían, principalmente, de progenitores no custodios (15%).

Por otro lado, como se ha indicado por parte de diferentes autores [30], la falsa denuncia de abuso sexual es una acción descrita en la literatura científica sobre la problemática de alienación como un paso más en el proceso de exclusión parental. En este sentido, se ha indicado con claridad lo inadecuado de determinar el diagnóstico de SAP en los casos en los que el rechazo del menor surge como respuesta a una causa que lo sustenta, concretamente, Gardner [35] señalaba, entre otras, el abuso sexual. Asimismo, también se ha tratado la problemática que suponen las falsas acusaciones de abuso sexual en el marco de la ruptura familiar [36], habiéndose constatado en el entorno norteamericano, que las denuncias de abuso sexual en el marco de un procedimiento de divorcio podrían ser ciertas -consideradas técnicamente creíbles- en el 50% de los casos, ya que en el 33% de los casos se consideraba que probablemente el abuso no se habría producido y en el 17 % no se podía determinar [37]. Es interesante señalar que el porcentaje de denuncias iniciadas por profesionales o familiares que no son los propios progenitores suponía, en el citado estudio, el 11%, del total. En un estudio internacional más reciente [38] sobre la posible veracidad de diversas situaciones de maltrato infantil, los autores informaron de un porcentaje superior de falsas denuncias que en el caso de familias intactas (12% versus 4%, respectivamente).

La problemática que supone para los menores verse inmersos en una falsa acusación de abuso sexual ha resultado evidenciada y ha supuesto su trato jurídico por parte del National Council on Children’s Rights, en el Acta de Prevención y Tratamiento del Abuso Sexual Infantil [39]. No obstante, es importante resaltar la importancia de que el evaluador distinga claramente entre las acusaciones que resultan claramente infundadas de las que se continúa sospechando la existencia de un abuso pero este no puede ser constatado, debido a la falta de indicadores objetivos de sospecha [40]. Finalmente, algunos autores [16] han señalado también la posibilidad de que la campaña para alienar al hijo o hija se utilice para evitar activamente que se exploren problemas personales de los progenitores (e.g. adicción a sustancias, negligencia parental o abuso sexual o físico).

Las negativas consecuencias que puede sufrir el menor inmerso en una de estas dos situaciones, o el que recibe un diagnostico erróneo, evidencia la necesidad de conocer adecuadamente ambas problemáticas y saber llevar a cabo un correcto diagnóstico diferencial que permita la intervención con las víctimas de una forma específica y eficaz.

Discusión y pautas de actuación:

Tanto por la especial gravedad que pueden revertir ambas problemáticas para los menores como por la evidencia de la dificultad que entraña para los profesionales su adecuado diagnóstico y abordaje, creemos fundamental insistir en la necesidad de una adecuada diferenciación de ambas situaciones. Por este motivo, seguidamente, ofrecemos de forma breve algunos de los indicadores psicosociales que deben tenerse en cuenta en la evaluación.

Como se observa en la Tabla 1, gran parte de los indicadores provienen de aquellos criterios con mayor poder discriminativo que permiten diferenciar entre casos reales de abuso sexual y posibles denuncias falsas [41, 42, 43] basados en el sistema de evaluación de la credibilidad del menor denominado Análisis del Contenido Basado en Criterios (CBCA, [44]). Son diversos los instrumentos que se utilizan para evaluar la credibilidad del relato que expone el menor en el ámbito forense, entre los que destaca el CBCA por su fiabilidad y aceptación favorable por parte de jueces y tribunales en nuestro país [45]. Este procedimiento consiste en aplicar a la trascripción verbal de la entrevista un conjunto de criterios que, de estar presentes, apoyan a la veracidad del testigo. El CBCA se basa en las hipótesis que defienden que las declaraciones realizadas por un menor sobre sucesos que realmente ha experimentado difieren de manera cuantificable de las afirmaciones falsas o producto de la fantasía, es decir de aquellas que pueden haber estado inducidas por un progenitor u otro adulto [46].

En la práctica profesional también suelen considerarse los denominados indicadores clínicos o patrones de conducta que presenta el menor y que se han observado en gran parte de las víctimas de abuso sexual, como son la conducta sexualizada (también denominados comportamientos erotizados) y que puede evaluarse mediante el Child Sexual Behavior Inventory [47], las atribuciones y percepciones distorsionadas que presenta el menor (evaluadas mediante el Children Attributions and Perceptions Scale de Mannarino, Cohen y Berman,[48]) o la sintomatología postraumática asociada al abuso sexual, mediante el Trauma Symptom Checklist for Children [49]. Todos estos criterios pueden facilitar la evaluación de estas situaciones y ayudar al profesional a diferenciar entre un caso de abuso sexual real y un caso de testimonio inducido. Sin embargo, deben considerarse las especiales dificultades que entraña la evaluación de niños muy pequeños con una baja capacidad de expresión y de comprensión. Pues ser muy difícil para el menor comprender las cuestiones que le plantea el evaluador a lo largo de la entrevista, así como para el evaluador comprender el lenguaje que utiliza el niño o niña; por otro lado, el testimonio de niños y niñas tan jóvenes puede no contener datos suficientes para la evaluación de la credibilidad de sus declaraciones [50]. Estas características tan particulares asociadas a la edad del menor refuerzan aún más la necesidad de especialización en los profesionales implicados en la evaluación forense [51].

La Tabla 2, por su parte, presenta aquellos indicadores de baja credibilidad de la denuncia de abuso y que pueden estar mostrándonos una situación de posible manipulación del menor, donde el niño o niña, bajo la influencia directa o indirecta de uno de sus progenitores, puede mostrar persistentemente actitudes y conductas negativas hacia el otro progenitor que resultan totalmente desproporcionadas respecto a la experiencia real del menor [52].

La investigación referente a métodos y procedimientos de evaluación de la problemática SAP es aún escasa. Tanto desde un punto de vista clínico como en evaluaciones forenses, el método más seguido en el entorno profesional, según se aprecia en las publicaciones disponibles, tanto nacionales [véase por ejemplo 53, 54, 55, 56] como internacionales [57, 58, 59], es la aplicación de los criterios primarios descritos por Richard Gardner [13], esto es:

a) Se aprecia la presencia de una campaña de denigración hacia el progenitor por parte del otro progenitor.

b) Las justificaciones del menor para no visitar al progenitor alienado son débiles.

c) Ausencia de ambivalencia o presencia de radicalización en los sentimientos que muestra el menor, es decir, el progenitor es absolutamente bueno o malo.

d) Fenómeno del «pensador independiente» o autoafirmación del niño o niña respecto a su actitud de rechazo afirmando que su decisión es independiente de la influencia del progenitor aceptado.

e) Apoyo deliberado y expreso al progenitor alienador.

f) Ausencia de sentimiento de culpa por las consecuencias que puede tener su conducta en el progenitor alienado.

g) Presencia de escenarios prestados o situaciones en las que el niño o niña reproduce en su discurso sucesos o situaciones que no ha vivido directamente, a menudo con el lenguaje que utiliza el adulto.

h) Extensión de la aversión a la familia extensa del progenitor alienado.

En función del grado de expresión de estos comportamientos, se delimita la gravedad de la problemática (leve, moderada, grave). El citado autor [13], también ofreció posteriormente, algunas pautas que evitasen caer en un diagnóstico erróneo de SAP, donde el rechazo del niño o niña estuviese provocado por un genuino abuso sexual o por negligencia parental. Posteriormente, otros autores [16, 52] han ampliado y matizado estas manifestaciones.

En el momento actual, aún no se han desarrollado instrumentos específicos que contribuyan a facilitar la evaluación de la problemática, por ello, resulta fundamental que el equipo profesional que se enfrente a la valoración de posible SAP disponga de conocimientos específicos en la materia. Así se indica explícitamente en los protocolos de evaluación de custodia emitidos por diversas asociaciones profesionales [60, 61, 62], que señalan la necesidad de valorar la posibilidad de existencia del síndrome. Asimismo, en nuestro país, la Coordinadora Estatal de Psicología Jurídica del Consejo de Colegios de España ha publicado un manifiesto [63], fruto del consenso interprofesional, donde se explicita la necesidad de constatar que la problemática de rechazo que presenta el menor no tiene una causa fundamentada que la provoque (por ejemplo, maltrato o negligencia en sus cuidados).

En síntesis, el abuso sexual infantil es un problema frecuente, considerado un problema de salud pública, con importantes efectos psicológicos en el desarrollo y bienestar emocional de sus víctimas. Asimismo, las denominadas interferencias parentales, incluyendo el controvertido SAP, son problemáticas que los profesionales se encuentran cada vez con mayor frecuencia y que también conllevan relevantes efectos psicológicos en los menores que las padecen. Ambos fenómenos constituyen situaciones que, en ocasiones, suscitan inquietudes a los profesionales y a la opinión pública respecto a su existencia, diagnóstico y tratamiento.

Ante una denuncia de abuso sexual, resulta evidente la necesidad de que se efectúe una investigación sobre su posible ocurrencia, sin embargo, la negativa persistente de un menor para relacionarse con su padre no puede considerarse por sí misma el único elemento claramente objetivo que sustente dicha denuncia. En estos casos, es necesario que el evaluador constate las posibles causas de este rechazo y, en caso de responder a un proceso de mediatización del menor, describa de forma adecuada esta circunstancia.

Por todo ello, es fundamental que los equipos profesionales que se enfrentan a la evaluación de estas problemáticas dispongan de una adecuada formación y experiencia que les permita diferenciarlas correctamente, siendo los psicólogos forenses expertos en intervenciones con niños, los profesionales que más adecuadamente pueden asumir estas valoraciones, si bien siempre deben formar parte de un equipo multidisciplinar que colabore en la correcta evaluación de todos los aspectos evaluables (e. g. psicológicos, médicos, sociales). Desde nuestra perspectiva, y tal y como ya han indicado algunos autores [64], los efectos de un error diagnóstico en cualquiera de estos casos conllevará un gran perjuicio para el menor, su familia y la sociedad, en general. Por ello, es fundamental evitar participar activamente en una evaluación de este tipo si no se dispone de la adecuada formación y experiencia, en cuyo caso, el profesional debería derivar a un servicio especializado.

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Dirección para correspondencia:
Dra. Noemí Pereda.
Dpto. de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.
Facultad de Psicología. Universidad de Barcelona.
P^o Vall d’Hebron, 171 08035 Barcelona.
Tel: 93 312 51 13.
E-mail: npereda@ub.edu